Cansados de la desidia, la falta de cumplimiento en los horarios y el maltrato, hace poco los usuarios dieron suelta a su ira acumulada en las estaciones Merlo y Castelar, de la línea Sarmiento, incidente que supuso la quema de una formación completa.  

<A HREF=”http://www.terra.com.ar/canales/informaciongeneral/187/187710.html“> Video: Un viaje en el Sarmiento, a poco de los disturbios</A>

Pero muchos de los inconvenientes de la línea Sarmiento se subsanarían mediante el soterramiento que contempla en su primera etapa la excavación de un túnel de siete kilómetros, con cuatro vías, para así eliminar todos los cruces ferroviarios a nivel, tanto vehiculares como peatonales, que producen la mayor parte de los accidentes.

Según un informe elaborado por Trenes de Buenos Aires (TBA), concesionario de dicha línea, desde el 2005 se constataron más de mil muertes, tanto en pasos habilitados como clandestinos, cada uno de esos siniestros provocó una demora promedio de una hora. El mismo informe señaló que hubo 12.401 trenes atrasados, 10.354 cancelados y 923 horas con servicio interrumpido desde el mismo año.

Con las obras terminadas, se supone que habrá un servicio cada tres minutos y un lapso de 45 minutos en el viaje entre cabeceras, contra la situación actual de un tren cada ocho minutos y una hora de viaje entre Once y Moreno. En TBA no se cansan de repetir que aumentar las frecuencias es imposible, porque si lo hicieran los 52 pasos a nivel que hay entre Once y Moreno estarían casi siempre cerrados.

En las horas pico las barreras ya permanecen bajas 40 minutos por hora y en los horarios pico pasa un tren cada 7 minutos, según la Secretaría de Transporte, u 8 según la empresa.

Para solucionar este problema, el 3 de agosto de 2007 el entonces presidente Néstor Kirchner puso en marcha formalmente, con la apertura de las ofertas técnicas y económicas, la primera etapa de soterramiento entre las estaciones Caballito y Liniers del ex ferrocarril Sarmiento.

Tiempo más tarde, más precisamente el 23 de enero de este año, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la adjudicación de la construcción de un primer tramo de 9.200 metros, entre Caballito y Ciudadela. Hacerlo llevará tres años y costará $ 3.367 millones.

Pero el consorcio Nuevo Sarmiento, adjudicatario de la obra, todavía no firmó el contrato por falta de financiamiento.
La segunda etapa del soterramiento prevé construir otros 9.400 metros de túnel entre Ciudadela y Castelar y la tercera lo extenderá 14.100 metros hasta Moreno. Cada una tomaría tres años de trabajo. Así, recién en nueve años se lograría el objetivo anunciado de que los trenes pasen cada 4 minutos.

Cuando desde el Gobierno todavía se piensa en la factibilidad del monstruoso proyecto para la construccíón del tren bala,  parecen ser pocas las acciones que se promueven para mejorar un servicio de trenes que debe ser de interés social, ya que transporta a millones de pasajeros, muchos de ellos de bajos recursos. 
 

En las grandes urbes del mundo se apuesta al transporte ferroviario como solución ante los graves problemas del tránsito, la congestión y la polución que significa atravesar las ciudades en automóvil. Pero en nuestro país, lo que debiera ser un paliativo se convirtió hace tiempo en un drama, marcado por la desidia y la falta de inversión de las últimas décadas, que obliga a padecer a sus usuarios, que muchas veces no tienen otras opciones para viajar.

<A HREF=”http://www.terra.com.ar/canales/informaciongeneral/187/187710.html”>Video: Un viaje en el Sarmiento, a poco de los disturbios</A>

El pésimo servicio de los trenes suburbanos está haciendo que los pasajeros desaten su cansancio e impotencia mediante actos violentos, y desde 2005 quemaron 30 vagones en diferentes ataques de furia.

<A HREF=”http://www.terra.com.ar/canales/informaciongeneral/187/187194.html”>Fotos del día de furia</A>

El 1° de noviembre de 2005 en Haedo hubo 15 vagones incendiados, 87 personas detenidas y 21 heridas; el 3 de mayo de2005 en Castelar quemaron cuatro vagones. El 4 de abril de 2006 un tren parado entre Ramos Mejía y Haedo provocó como consecuencia un maquinista y un pasajero heridos. El 20 de noviembre de 2006 tres vagones del ex Roca fueron quemados en Constitución. El 16 de mayo de 2007 en Constitución hubo destrozos, vidrios rotos e incendios, 25 heridos y 16 detenidos. En tanto, el 23 de marzo de 2007 en Ramos Mejía un maquinista sufrió heridas. .

Estas son señales del colapso del servicio a pesar de que los subsidios aportados por el Estado ya llegan a los $ 4.700.000 de pesos por día, los cuales se destinan a evitar el aumento de las tarifas y a solventar los mayores costos operativos y salariales. En 2003 eran $ 20 millones mensuales, treparon a un promedio de casi 75 millones de pesos por mes en 2007 y actualmente están en un orden de 141 millones de pesos mensuales.

Sin embargo, cada vez se viaja peor pese a haber caído un 20% el número de usuarios en los últimos 7 años, ya que los trenes metropolitanos transportaban en 2000 alrededor de 1.200.000 pasajeros por día y actualmente 300.000 (9.000.000 de usuarios por mes).

Estos subsidios se distribuyen de la siguiente manera: la ex línea Roca (Ugofe) recibe 44,1 millones; líneas Mitre y Sarmiento (TBA) 31,5 millones; Urquiza y subtes 27,1 millones; Belgrano Sur (Ugofe) 13,3 millones; Belgrano Norte (Ferrovías) 12,5 millones y San Martín (Ugofe) 11, 7 millones, todos ellos mensuales.

La relación entre subsidio aportado y cantidad de pasajeros transportados da los siguientes valores por cada boleto vendido: Belgrano Sur $ 13,2; Roca $ 4,1; Belgrano Norte $3,15; San Martín $2,68; Mitre y Sarmiento $1,89 mientras que en el Urquiza y el subte es de $0,93 para cada uno de ellos.

Las empresas privadas, como son concesionarias, tienen como única obligación administrar y hacer correr los trenes, mientras que el Estado se debería encargar del resto, ya que desde 1995, es responsable de todas las inversiones en vías, coches e infraestructura.

Además, actualmente subsidia las compañías con unos $250 millones al año solamente para poder mantener los boletos en los valores actuales. Según las empresas que explotan las líneas de ferrocarril, estos subsidios sólo les alcanzan para cubrir los sueldos. De 1999 a 2003 no hubo inversiones en material rodante, vías, señales, etc. por parte del Estado, quien es el que tiene la obligación de hacerlo.

Sin embargo, en julio de 2007 la empresa TBA fue condenada en primera instancia a pagar una multa diaria de $ 10.000 hasta que mejore el servicio del Sarmiento ramal Once-Moreno, ya que el juez consideró probado que los usuarios del Sarmiento reciben un servicio desigual y secundario respecto del que se les otorga a los pasajeros del ramal Retiro-Tigre de la línea Mitre, gerenciada también por TBA.

Más adelante, me dedicaré a las obras que hacen falta en la red, y luego trataré el controvertido tema del tren bala.

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Roxana Martínez envió su consulta al blog, porque la empresa que le ofrece el plan médico se niega a cubrir el pago de medicamentos para su hija, que es socia desde recién nacida. El punto es que la compañía aduce que la cobertura no alcanza a esos insumos a pesar de que eran de bajo costo.

Frente al problema, la usuaria no sabe como actuar frente a la prepaga, y nuestra especialista se encarga de explicarle los límites que pueden tener estos planes.

En el próximo posteo, Susana responderá una consulta sobre transportes públicos de larga distancia, haciendo foco en el caso del boleto gratuito a un discapacitado.

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Una de las usuarias envió su historia respecto a cómo ejecutar la garantía de un lavarropa.  En el video, Andrada explica que en el lapso de la garantía el local que vendió el electrodoméstico tiene que hacerse cargo del producto o enviarlo al service correspondiente.

 En tanto, la especialista explica que en caso de que el problema haya sido un pico de tensión, es necesario elevar una queja en la empresa de electricidad. En este caso, es necesario tomar el número de reclamo para seguir el tema.

Desde el martes 9 de septiembre más respuestas de Susana Andrada a las quejas y denuncias de los usuarios.

La líder del Centro de Educación al Consumidor (CEC), Susana Andrada, se pone a disposición de los navegantes de Terra para contestar todas las dudas de los usuario. Abuso en los contratos, la inflación, transporte, prepagas o la ejecución de las garantías.

Andrada responderá en video cada una de las dudas de los consumidores para que puedan defender mejor sus bolsillos. A partir de la semana que viene todas las respuestas en los posteos de este blog.

 Desde el blog, la especialista dará los tips necesarios para hacer frente a reclamos frente a las empresas de servicios públicos. Las respuestas irán apareciendo durante la semana del 8 de septiembre separadas por temas.

Podés dejar tu pregunta o denuncia con sólo postear un comentario.

Las empresas de medicina prepaga aumentarán sus cuotas entre un 16% y un 24% a sus afiliados directos de planes integrales a partir del 1º de agosto, mientras que los que se encuentran comprendidos en los sistemas de copagos tendrán un aumento del 18 al 20 %. Respecto a estos últimos, se crearía una nueva categoría con topes en los pagos por internación, haciéndose el cargo el paciente de un monto inicial de mil pesos y a partir de allí todo desembolso correría a cargo de la empresa.

Los prestadores aducen que estas medidas se deben a los incrementos de sueldos solicitados para las próximas paritarias del sector, que serían del 25 al 30% y según las entidades patronales de la salud, los recursos humanos representan el 60% de sus costos.

Si bien el total de usuarios de medicina privada es de 3.800.000, sólo un millón es afiliada directa, el resto lo hace a través de obras sociales que tendrán que negociar con los prestadores el monto del aumento. En diciembre de 2007 ya se habían efectivizado aumentos de un 24% y en enero del mismo año un 22%.

Esta seguidilla de aumentos importantes tiene un efecto que paradójicamente, puede afectar negativamente la caja de las empresas que los impulsan, ya que las personas más jóvenes y saludables, que son quienes más aportan en relación a los gastos que generan, optan por desvincularse de las prepagas, que día a día van teniendo una masa de afiliados más viejos y con mayores problemas de salud para resolver.

El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, se anticipó a la vigencia de la nueva suba y reclamó al Ministerio de Salud que no se autorice el aumento de aranceles a las empresas de medicina prepaga hasta tanto exista una regulación de esa actividad.

Además, pidió que en un término perentorio y juntamente con otros organismos competentes, dicte un marco regulatorio transitorio, excepcional y de emergencia para la actividad que permita cubrir el actual vacío legal existente.

Justamente para mejorar el marco regulatorio de esta actividad la diputada Patricia Vaca Narvaja presentó un proyecto de ley que promueve la creación de una comisión oficial que deberá autorizar los aumentos de cuotas, y busca limitar el encarecimiento que sufren los planes de salud por razones de edad de los afiliados.

Entre sus principales puntos se destacan que, con respecto a las prestaciones, las entidades deben cubrir, como mínimo, en todos sus planes el Programa Médico Obligatorio (PMO) y sólo se habilitan planes parciales para odontología, emergencias e internación domiciliaria.

Con respecto a las cuotas, se prevé que los aumentos sean aprobados por la comisión permanente que crea la ley, integrada por la Superintendencia de Servicios de Salud y el Ministerio de Economía, con el objeto de que ante esa comisión las empresas deban demostrar con documentación fehaciente la suba de costos con la que intentan justificar cada aumento de precios, aunque no dice cómo calculará la Superintendencia el costo de los planes cuando la base para eso que es el PMO hoy no tiene valuación.

Se prohíbe que la edad sea causa de rechazo de una afiliación y se instruye a la superintendencia a reglamentar el alza de cuotas por este mismo motivo; las personas que lleven más de 10 años en el sistema no podrán sufrir ajustes justificados en su edad. Los períodos de carencia (durante los cuales no se darán determinadas prestaciones al inicio de un contrato) serán establecidos para todo el sistema por la autoridad de aplicación.

Con respecto a las enfermedades que un paciente ya tiene al afiliarse, los contratos podrán prever un plus a la cuota para la atención de esa afección o bien un período de carencia para su tratamiento.

Fija que las prepagas deben dar atención preventiva que es de mediano y largo plazo en planes que pueden ser de apenas un año. Los contratos duran como mínimo un año y se renuevan automáticamente, salvo negativa expresa del usuario, quien puede rescindirlo en cualquier momento.

Las empresas sólo pueden rescindir el contrato por la falta de pago de 3 cuotas consecutivas o si el usuario falseó su declaración jurada. Si fallece el afiliado titular, el grupo familiar que integra el contrato continúa con los derechos a las prestaciones.

Desde su nacimiento o adopción los niños quedan adheridos al plan del titular y están exentos de enfermedades preexistentes y de períodos de carencia. No pone fin a la litigiosidad porque no fija las obligaciones entre las partes.

Tampoco avanza en lo relativo a la mala praxis ni a las normas de categorización y acreditación de los profesionales y de las entidades médicas. El control de las prestaciones será ejercido por la Superintendencia de Salud.

A todo este panorama hay que agregarle una situación complicada por la incorporación de los tratamientos de desórdenes alimentarios contemplados en la llamada ley de obesidad.

El proyecto declara de interés nacional la prevención y control de los trastornos alimentarios (obesidad, bulimia y anorexia) y contempla la asistencia integral y rehabilitación de los pacientes, lo cual incluye sus enfermedades derivadas y medidas de prevención.

Ante la sanción de la ley las empresas del sector anuncian un colapso del sistema, mientras que algunos especialistas en el tema la ven como inviable; por ejemplo, el director del postgrado en Nutrición de la Universidad Favaloro, Jorge Braguinsky, opina que la epidemia de obesidad es de tal magnitud que el sistema de salud no aguantará, mientras que Susana Gutt, subdirectora de la carrera de Nutrición de la UBA, estimó que las prestadoras de salud no podrán brindar atención adecuada ni siquiera a la décima parte de las personas que padecen obesidad.

Con este panorama complejo, los usuarios de medicina prepaga deberán estar atentos a que no se desvirtúe el cumplimiento de las nuevas normas con las excusas que suelen emplear los empresarios cada vez que sienten amenazadas sus importantes ganancias.

El aumento de la electricidad,  es de un  21%, en promedio, para todos los usuarios residenciales  y es retroactivo a partir del  1º de julio. El ajuste, es aplicado a los usuarios de las concesiones nacionales de Edenor, Edesur y Edelap. Las cooperativas eléctricas quedan al margen de este aumento.

En el sector de la industria y comercio el aumento alcanza al 10%. Para calcular los aumentos, se establecieron  bandas tarifarias según el nivel de consumo de cada familia. Y el porcentaje de aumento que corresponda se aplicará según cómo varíe el consumo en cada bimestre. Es decir, que puede ocurrir que una factura llegue con aumento y la siguiente no, si hubo cuestiones que determinaron una variación significativa hacia arriba o hacia abajo del consumo.

MODIFICACION EN FACTURA SEGÚN EL CONSUMO

Quedan exceptuados de los aumentos
·         Usuarios con un consumo menor a 650kwh.
·         Alumbrado público

Queda en vigencia el Programa Uso racional de la Energía, conocido como PURE, que consiste en la aplicación de premios o castigos. Los usuarios con un consumo mayor a 100 kwh, pierden los premios y solo se consideran los castigos.

Equipamiento tipico de un cliente residencia con consumo de 650kwh/bimestre:

1 Heladera con freezer
1 Aire acondicionado
1 Lavarropas2 tv 29¨´
1 Microondas
1 Plancha
12 Lámparas incandescentes 40w
10 Lámparas bajo consumo 20w (100w)
1 Computadora
1 Minicomponente
2 Reproductores de video
1 Aspiradora

Pasada la crisis con el sector agropecuario, un rumor crece día a día: el inminente aumento de las tarifas de los servicios públicos, entre ellos el transporte, cuyos valores estaban prácticamente congelados, con alguna excepción aislada, desde la salida de la convertibilidad y sostenidos mediante subsidios estatales. Esta fue la solución que encontró el gobierno en su momento para evitar que, al salir del régimen de convertibilidad, los precios de los servicios se dispararan de una manera descontrolada.

Hoy en día la situación se está tornando complicada, ya que los importes destinados a sostener los precios y la actividad de estos sectores son cada vez mayores (algunos economistas estiman que para el 2008 serían aproximadamente 35.000 millones de pesos, lo que equivale al 3,5% del producto bruto interno) y se encuentran atados al ritmo de los ingresos públicos, ya que al disminuir la recaudación fiscal por un enfriamiento de la economía o por la eventual caída de los precios de los productos que el país exporta, el Estado podría verse obligado a reducir o eliminar dichos subsidios.

Con ese cuadro de situación comenzaron a barajarse hipótesis de aumentos tarifarios que serían del 20% en la energía eléctrica para los usuarios residenciales que más consumen y para los comercios pequeños. Esto afectará al 50% del consumo, lo cual incluye a los grandes usuarios, industrias, comercios y pymes. Con respecto a las casas de familia, sólo afectaría a aquellos que consuman por encima de los 900/1.100 kilowatts por bimestre.

También aumentarían el gas entre un 17 a 27% y más avanzado el año, los medios de transporte (colectivos, micros de media y larga distancia y el subterráneo). Con respecto a estos últimos habría un incremento del 20% para trenes, subtes y colectivos, siendo de un 10% en agosto y otro 10% en octubre para los ómnibus de larga distancia. De tal manera que el boleto mínimo de colectivo y el pasaje de subte pasarían a costar de 90 centavos a $ 1,10; aunque para el titular de la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Buenos Aires, el boleto debería costar $ 2 para que el Estado no se vea obligado a sostener el sistema con subsidios.

En conjunto, los consumos de gas, energía eléctrica y transportes, representan entre un 20 y un 30% de la canasta familiar dentro de los sectores medios y el porcentaje aumenta en los hogares más pobres. Valga como ejemplo que en el índice de inflación que calcula el Indec los servicios públicos representan un 15% del mismo. Por eso, se estaría procurando que las subas sean escalonadas y con ello amortiguar el impacto negativo en las economías familiares.
En principio no sería descabellado esperar que estos aumentos contribuyan a acelerar aún más la actual inflación subvaluada por el Indec y que habrá dificultades y retrasos en los pagos de los servicios por parte de los usuarios con menor poder adquisitivo.

Cuanto menores son los ingresos, más proporción de ellos ocupan los gastos destinados a servicios de electricidad, gas y transporte. Esto se ve agravado, por ejemplo, en aquellos que no poseen gas de red y deben acudir a las garrafas, que son más costosas, el usuario no puede verificar la exactitud de su contenido y las que poseen precios subsidiados (garrafa social) muchas veces se venden a una distancia que impide su acceso a muchos usuarios.

Como es previsible, estas medidas generarán más inflación con la consiguiente disminución del poder adquisitivo debido a la incidencia del gas y la electricidad en múltiples productos y servicios, a los que se les sumará el aumento del transporte; pero hay un tema que, con algunas excepciones, no parece instalado ni en el gobierno ni en los medios: ¿La calidad de los servicios no va a ser discutido nunca o lo único que interesa es que los números les cierren a las empresas independientemente de la prestación que den?

Durante le conflicto agropecuario, más precisamente en la fase en que hubo bloqueos de ruta que impedían el transporte de alimentos, algunos de ellos comenzaron a aumentar de una manera desmesurada. Si bien se vivía una situación objetiva que estaba disminuyendo sensiblemente la oferta, hubo factores tales como las denuncias de desabastecimiento efectuadas por alguna cámara de comerciantes y el tratamiento periodístico del tema, que por su lógica de funcionamiento encontraba la noticia en las góndolas semivacías o vacías, que comenzaron a influir de manera angustiante en la percepción de los consumidores.

Debido a que en nuestro país el que no corre vuela, muchos empresarios y comerciantes del sector en crisis comenzaron a hacer el “colchoncito” aumentando un poco más los precios “por las dudas”. También acudieron a una vieja práctica de épocas inflacionarias: al aumentar los precios de reposición los trasladaron automáticamente a su stock “para no descapitalizarse”, pero luego y con el mismo argumento, cuando éstos bajaron mantuvieron la mercadería al mismo importe de venta para recién rebajarla cuando recibieran los productos a menor valor, creando una asimetría entre el aumento y la disminución de los precios según la evolución de los mercados.

En ese contexto hubo gente que se abalanzó sobre las góndolas con voracidad; atiborraron los carritos de los supermercados con botellas de aceite, paquetes de azúcar y de harina, rollos de papel higiénico, etc. Así las cosas, a la escasez de oferta se le sumó el aumento de la demanda, configurando la peor situación posible. Como era de esperar, los productos aumentaron aún más.

Ante este cuadro de situación cabe hacerse una serie de preguntas:

¿Cuál es el sentido que tiene para un consumidor hacer un pequeño stock de alimentos?

¿Durante cuánto tiempo se puede estar abastecido por este tipo de compras en el supuesto de una ausencia total del producto en el mercado?

¿El supuesto ahorro de hoy no se verá licuado mañana al comprar el mismo producto a un precio que será también mayor por el aumento de la demanda?

¿El individualismo y el sálvese quien pueda triunfaron definitivamente sobre la solidaridad y el sentido común haciendo que las victimas se transformaran también en actores protagónicos del problema?